La responsabilidad de construir una política de transición energética justa

La responsabilidad de construir una política de transición energética justa

                        Edwin Palma Egea

Presidente de la Junta Nacional

Unión Sindical Obrera

@PalmaEdwin

Esta semana han llovido noticias sobre la transición energética:

El reino saudí anuncia la salida a bolsa de Aramco, la empresa de mayor valor en el mundo y aunque el heredero al trono no ha dicho cuántas acciones van a vender, si se sabe que los recursos enormes que recibirán se invertirán en la transición energética y el abandono de la dependencia del petróleo.

El presidente del gobierno de España anunció inversiones por 250 mil millones de euros en la próxima década para la transición energética en ese país, que es uno de las veinte naciones que según la ONU tienen planes reales para cumplir el Acuerdo de París. Y uno solo, los EEUU se han salido del acuerdo.

Se presentó también un balance de los avances en la búsqueda de la sustitución de los combustibles fósiles en la industria aérea. Hay aviones muy pequeños que ya se alimentan con baterías, pero falta mucho tiempo para encontrar como producir energía con baterías que no pesen, quepan y duren 24 horas, es decir faltan decenas de años.

Y los Emiratos Arabes Unidos inauguraron el campo de paneles solares más grande del mundo a pesar de que todo el subsuelo es un lago de petróleo y gas, el país organizador de la exposición universal de Dubai 2020 avanza hacia la transición de la mano de Siemens con inversiones multimillonarias.

Mientras tanto el precio del petróleo sigue subiendo y la OPEP anuncia que la demanda mundial de energía crecerá un 25% hasta 2040, no es pues solo un problema de sustitución, es también cómo llevar agua y luz, cómo abandonar el uso de leña para cocinar, cómo alimentar, vestir y darle ingresos a 1200 millones de nuevos terrícolas que nacerán en ese periodo.

En Colombia hay propuestas, y bonitas presentaciones de powerpoint, pero los planes son insuficientes. El país no cumplirá las metas del Acuerdo de París con la estrategia que tiene hoy, el consumo de energía aumentará y casi todo lo que se habla del tema es en términos más de negocio que de bienes y servicios públicos, ni que decir de hablar del derecho a la transición energética o al aire limpio.

Hace poco los campos de explotación de petróleo de Casabe y Tibú pararon su producción y las dos regiones sintieron un fuerte impacto económico, social y laboral por la suspensión de la actividad petrolera. Es una pequeña evidencia empírica de nuestra dependencia del crudo y de las complejidades que vamos a enfrentar cuando iniciemos la transición energética.

Hace poco tuve la oportunidad de participar en un encuentro global sobre transición energética en Holanda, por invitación de la FNV, y pude concluir que el tema apenas está construyéndose. Que existen normales tensiones entre el sindicalismo y el ambientalismo y que hay puentes que deben construirse para enfrentar al contradictor en común: el capitalismo.

No nos puede alegrar el ahora denominado “Capitalismo verde”. Han llegado a Colombia a quedarse con nuestros aires y vientos y ya encuentran resistencia en las comunidades, solo en la Guajira hay registrados 63 proyectos privados de generación de energía del aire, el sol o las mareas.

La semana pasada en un evento que sobre este tema organizó la Universidad del Magdalena, organizaciones sociales y ambientales ya empezaron a reconocer las comunidades los impactos que también tienen las llamadas “energías alternativas”. Hay posiciones diferentes, mucho que hablar, mucho que acordar, pero debemos hacerlo sin maniqueísmos ni dogmas y apelando a los hechos.

Apagar los pozos o cerrar las minas parece una tarea fácil que muchos sectores ciudadanos reclaman. Pero el cierre como política de choque contra la producción de petróleo y la refinación de combustibles, tiene consecuencias negativas si se emprende sin la planeación necesaria para hacer una transición que minimice los efectos negativos. Si se hace a la ligera, nos tocaría, por ejemplo, importar crudo, posiblemente reabrir plantas de carbón, inclusive producir carbón de leña para cocinar. Se perderían miles de empleos al igual que cerca del 12% de los recursos que obtiene el estado para su funcionamiento. Sería un remedio peor que la enfermedad.

El petróleo ha sido una gran fuente de recursos para las limitadas políticas sociales diseñadas por la tecnocracia neoliberal desde la Constitución de 1991. El sistema tributario del país está construido para favorecer a las grandes empresas y corporaciones multinacionales, que pagan menos impuestos de lo que les correspondería por temor a que, si se los suben, se irían del país. Colombia es de los países con menores tasas de tributación de América Latina y con la renta petrolera y minera se compensa esa baja tributación y les permite a las élites políticas simular un precario Estado Social de Derecho.

Hasta hace poco se creía que los combustibles fósiles tenían sus días contados por agotamiento de las reservas. Pero ya es claro que no es así, al contrario, la producción global ha aumentado en parte gracias a la fracturación hidráulica, que ha llevado a Estados Unidos a ser uno de los grandes productores de petróleo y gas a bajo costo desplazando al carbón. Claro, eso genera grandes polémicas, técnicas y políticas o ambas, por ejemplo, el gobierno británico enfrenta unas elecciones generales el 12 de diciembre, mientras tanto aparece un estudio que indica que no hay certeza sobre la cantidad o intensidad de los sismos que el fracking podría provocar, ese estudio se convierte en el pretexto del gobierno conservador para abandonar su política pro-fracking y decidir suspenderlo, buscando además ganar unas elecciones difíciles. La crisis de los combustibles fósiles está en los primeros lugares de la agenda pública global por el agotamiento político de la industria petrolera y el clamor social por la transición a energías más limpias para salvar al planeta, pero sobre todo a la especie humana.

La transición energética es una necesidad y el mundo -a pesar de Trump- avanza en ese camino. La degradación ambiental y la reacción ciudadana mundial nos llevan a replantear la industria, a fijar metas y plazos eficientes para abandonar los combustibles fósiles y adoptar nuevas tecnologías. Hasta el gobierno lo reconoce, claro con su visión neoliberal que consiste en entregarle el nuevo negocio energético a las multinacionales y los capitales extranjeros. Las élites no ven la transición como un camino para generar trabajo decente y nuevos recursos para disminuir las enormes desigualdades sociales y territoriales que impiden el desarrollo del país con un enfoque de derechos. Ellos ven el fin del petróleo como un negocio que se acaba y no se les ocurre que es indispensable pensar cómo reemplazar esos ingresos, 228.000 empleos y el bienestar que generan, en cómo van a transitar de oficios e ingresos los millones de familias colombianas que viven de la minería y el petróleo.

Siendo responsables con nuestra comunidad, en la USO impulsamos un modelo petrolero justo, democrático y nacionalista, pensando en una transición que conserve empleos e ingresos para las comunidades con las nuevas fuentes energéticas. Pero las élites opacas, colonizadas y violentas se niegan a negociar la nueva agenda energética con nosotros y con el resto de la sociedad. Mientras nosotros defendemos que Ecopetrol lidere la transición, conservando su carácter público –es decir, de todos los colombianos- y consolidando las iniciativas que alrededor de ese propósito se adelanten, la clase política busca vender más acciones y salir de Cenit vendiéndola al mejor postor, o al mejor lobista.

Si Ecopetrol, como empresa pública que acumula la experiencia y el conocimiento del país con sus empleados y colaboradores en el sector, no lidera la transición ¿quién la va a hacer? Pues las empresas multinacionales que están listas a asumir el nuevo negocio con menos empleados e inversión. Por eso la primera tarea nuestra es defender a Ecopetrol y a Cenit como patrimonio de todos, evitar su desmembramiento y la subasta de nuestros activos resultado de un ahorro de generaciones.

No podemos bajarnos del bus al que nos subimos en 1922 (hace 97 años) porque los trabajadores somos parte de la transformación, tenemos el conocimiento y la experiencia para pensar, proponer y avanzar en la discusión para fijar una política de transición. Y, sobre todo, somos los únicos que defendemos la visión democrática, con equidad y con visión social de la repartición de las riquezas nacionales. La necesidad de no dejar desamparados a los millones de colombianos (incluyendo al Estado) que viven alrededor de las industrias de combustibles fósiles debe ser un principio en la política de transición energética.

Ecopetrol adelanta algunos proyectos de energías verdes: tiene un pequeño desarrollo solar en el Meta al que le falta recursos para investigación y una mayor inversión para expandirlo. La empresa tiene la vocación y la capacidad para adelantar muchos más proyectos, pero le falta decisión política. Mantener a Ecopetrol como empresa pública es un asunto de interés nacional, y para defenderla necesitamos poder político. El poder político para fijar una agenda de transición que no sea impuesta por los intereses de las minorías de siempre o por las nuevas corporaciones energéticas que ya se están tomando el mercado nacional. Tenemos buenas ideas, experiencia e iniciativas para aportar en el debate que nos conduzca a una política de transición energética nacionalista, democrática y justa. Pero necesitamos implementarla para que no se quede en archivos digitales.

En la USO tenemos que liderar los estudios para entender cómo vamos a remplazar los ingresos del petróleo, los empleos y el bienestar que irradia a través de los programas sociales por limitados que sean. Tenemos que convocar a los expertos a analizar el tema para enfrentar los impactos en las comunidades y los trabajadores. Esta es la política pública que tenemos la obligación de construir. Nosotros como Sindicato del sector, vamos a construir, con otros actores académicos, sociales, globales, una propuesta de transición energética justa y razonable y se la presentaremos al país para la discusión. Este evento hace parte de eso que tenemos que hacer.

Tenemos mucho por hacer.