lunes, 18 de noviembre de 2019

La responsabilidad de construir una política de transición energética justa


La responsabilidad de construir una política de transición energética justa


                        Edwin Palma Egea
Presidente de la Junta Nacional
Unión Sindical Obrera
@PalmaEdwin


Esta semana han llovido noticias sobre la transición energética:

El reino saudí anuncia la salida a bolsa de Aramco, la empresa de mayor valor en el mundo y aunque el heredero al trono no ha dicho cuántas acciones van a vender, si se sabe que los recursos enormes que recibirán se invertirán en la transición energética y el abandono de la dependencia del petróleo.

El presidente del gobierno de España anunció inversiones por 250 mil millones de euros en la próxima década para la transición energética en ese país, que es uno de las veinte naciones que según la ONU tienen planes reales para cumplir el Acuerdo de París. Y uno solo, los EEUU se han salido del acuerdo.

Se presentó también un balance de los avances en la búsqueda de la sustitución de los combustibles fósiles en la industria aérea. Hay aviones muy pequeños que ya se alimentan con baterías, pero falta mucho tiempo para encontrar como producir energía con baterías que no pesen, quepan y duren 24 horas, es decir faltan decenas de años.

Y los Emiratos Arabes Unidos inauguraron el campo de paneles solares más grande del mundo a pesar de que todo el subsuelo es un lago de petróleo y gas, el país organizador de la exposición universal de Dubai 2020 avanza hacia la transición de la mano de Siemens con inversiones multimillonarias.

Mientras tanto el precio del petróleo sigue subiendo y la OPEP anuncia que la demanda mundial de energía crecerá un 25% hasta 2040, no es pues solo un problema de sustitución, es también cómo llevar agua y luz, cómo abandonar el uso de leña para cocinar, cómo alimentar, vestir y darle ingresos a 1200 millones de nuevos terrícolas que nacerán en ese periodo.

En Colombia hay propuestas, y bonitas presentaciones de powerpoint, pero los planes son insuficientes. El país no cumplirá las metas del Acuerdo de París con la estrategia que tiene hoy, el consumo de energía aumentará y casi todo lo que se habla del tema es en términos más de negocio que de bienes y servicios públicos, ni que decir de hablar del derecho a la transición energética o al aire limpio.

Hace poco los campos de explotación de petróleo de Casabe y Tibú pararon su producción y las dos regiones sintieron un fuerte impacto económico, social y laboral por la suspensión de la actividad petrolera. Es una pequeña evidencia empírica de nuestra dependencia del crudo y de las complejidades que vamos a enfrentar cuando iniciemos la transición energética.

Hace poco tuve la oportunidad de participar en un encuentro global sobre transición energética en Holanda, por invitación de la FNV, y pude concluir que el tema apenas está construyéndose. Que existen normales tensiones entre el sindicalismo y el ambientalismo y que hay puentes que deben construirse para enfrentar al contradictor en común: el capitalismo.

No nos puede alegrar el ahora denominado “Capitalismo verde”. Han llegado a Colombia a quedarse con nuestros aires y vientos y ya encuentran resistencia en las comunidades, solo en la Guajira hay registrados 63 proyectos privados de generación de energía del aire, el sol o las mareas.

La semana pasada en un evento que sobre este tema organizó la Universidad del Magdalena, organizaciones sociales y ambientales ya empezaron a reconocer las comunidades los impactos que también tienen las llamadas “energías alternativas”. Hay posiciones diferentes, mucho que hablar, mucho que acordar, pero debemos hacerlo sin maniqueísmos ni dogmas y apelando a los hechos.

Apagar los pozos o cerrar las minas parece una tarea fácil que muchos sectores ciudadanos reclaman. Pero el cierre como política de choque contra la producción de petróleo y la refinación de combustibles, tiene consecuencias negativas si se emprende sin la planeación necesaria para hacer una transición que minimice los efectos negativos. Si se hace a la ligera, nos tocaría, por ejemplo, importar crudo, posiblemente reabrir plantas de carbón, inclusive producir carbón de leña para cocinar. Se perderían miles de empleos al igual que cerca del 12% de los recursos que obtiene el estado para su funcionamiento. Sería un remedio peor que la enfermedad.

El petróleo ha sido una gran fuente de recursos para las limitadas políticas sociales diseñadas por la tecnocracia neoliberal desde la Constitución de 1991. El sistema tributario del país está construido para favorecer a las grandes empresas y corporaciones multinacionales, que pagan menos impuestos de lo que les correspondería por temor a que, si se los suben, se irían del país. Colombia es de los países con menores tasas de tributación de América Latina y con la renta petrolera y minera se compensa esa baja tributación y les permite a las élites políticas simular un precario Estado Social de Derecho.

Hasta hace poco se creía que los combustibles fósiles tenían sus días contados por agotamiento de las reservas. Pero ya es claro que no es así, al contrario, la producción global ha aumentado en parte gracias a la fracturación hidráulica, que ha llevado a Estados Unidos a ser uno de los grandes productores de petróleo y gas a bajo costo desplazando al carbón. Claro, eso genera grandes polémicas, técnicas y políticas o ambas, por ejemplo, el gobierno británico enfrenta unas elecciones generales el 12 de diciembre, mientras tanto aparece un estudio que indica que no hay certeza sobre la cantidad o intensidad de los sismos que el fracking podría provocar, ese estudio se convierte en el pretexto del gobierno conservador para abandonar su política pro-fracking y decidir suspenderlo, buscando además ganar unas elecciones difíciles. La crisis de los combustibles fósiles está en los primeros lugares de la agenda pública global por el agotamiento político de la industria petrolera y el clamor social por la transición a energías más limpias para salvar al planeta, pero sobre todo a la especie humana.

La transición energética es una necesidad y el mundo -a pesar de Trump- avanza en ese camino. La degradación ambiental y la reacción ciudadana mundial nos llevan a replantear la industria, a fijar metas y plazos eficientes para abandonar los combustibles fósiles y adoptar nuevas tecnologías. Hasta el gobierno lo reconoce, claro con su visión neoliberal que consiste en entregarle el nuevo negocio energético a las multinacionales y los capitales extranjeros. Las élites no ven la transición como un camino para generar trabajo decente y nuevos recursos para disminuir las enormes desigualdades sociales y territoriales que impiden el desarrollo del país con un enfoque de derechos. Ellos ven el fin del petróleo como un negocio que se acaba y no se les ocurre que es indispensable pensar cómo reemplazar esos ingresos, 228.000 empleos y el bienestar que generan, en cómo van a transitar de oficios e ingresos los millones de familias colombianas que viven de la minería y el petróleo.

Siendo responsables con nuestra comunidad, en la USO impulsamos un modelo petrolero justo, democrático y nacionalista, pensando en una transición que conserve empleos e ingresos para las comunidades con las nuevas fuentes energéticas. Pero las élites opacas, colonizadas y violentas se niegan a negociar la nueva agenda energética con nosotros y con el resto de la sociedad. Mientras nosotros defendemos que Ecopetrol lidere la transición, conservando su carácter público –es decir, de todos los colombianos- y consolidando las iniciativas que alrededor de ese propósito se adelanten, la clase política busca vender más acciones y salir de Cenit vendiéndola al mejor postor, o al mejor lobista.

Si Ecopetrol, como empresa pública que acumula la experiencia y el conocimiento del país con sus empleados y colaboradores en el sector, no lidera la transición ¿quién la va a hacer? Pues las empresas multinacionales que están listas a asumir el nuevo negocio con menos empleados e inversión. Por eso la primera tarea nuestra es defender a Ecopetrol y a Cenit como patrimonio de todos, evitar su desmembramiento y la subasta de nuestros activos resultado de un ahorro de generaciones.

No podemos bajarnos del bus al que nos subimos en 1922 (hace 97 años) porque los trabajadores somos parte de la transformación, tenemos el conocimiento y la experiencia para pensar, proponer y avanzar en la discusión para fijar una política de transición. Y, sobre todo, somos los únicos que defendemos la visión democrática, con equidad y con visión social de la repartición de las riquezas nacionales. La necesidad de no dejar desamparados a los millones de colombianos (incluyendo al Estado) que viven alrededor de las industrias de combustibles fósiles debe ser un principio en la política de transición energética.

Ecopetrol adelanta algunos proyectos de energías verdes: tiene un pequeño desarrollo solar en el Meta al que le falta recursos para investigación y una mayor inversión para expandirlo. La empresa tiene la vocación y la capacidad para adelantar muchos más proyectos, pero le falta decisión política. Mantener a Ecopetrol como empresa pública es un asunto de interés nacional, y para defenderla necesitamos poder político. El poder político para fijar una agenda de transición que no sea impuesta por los intereses de las minorías de siempre o por las nuevas corporaciones energéticas que ya se están tomando el mercado nacional. Tenemos buenas ideas, experiencia e iniciativas para aportar en el debate que nos conduzca a una política de transición energética nacionalista, democrática y justa. Pero necesitamos implementarla para que no se quede en archivos digitales.

En la USO tenemos que liderar los estudios para entender cómo vamos a remplazar los ingresos del petróleo, los empleos y el bienestar que irradia a través de los programas sociales por limitados que sean. Tenemos que convocar a los expertos a analizar el tema para enfrentar los impactos en las comunidades y los trabajadores. Esta es la política pública que tenemos la obligación de construir. Nosotros como Sindicato del sector, vamos a construir, con otros actores académicos, sociales, globales, una propuesta de transición energética justa y razonable y se la presentaremos al país para la discusión. Este evento hace parte de eso que tenemos que hacer.

Tenemos mucho por hacer.


jueves, 14 de noviembre de 2019

Carta del presidente de la USO a los afiliados de la Subdirectiva Única de Oleoductos


Carta del presidente de la USO a los afiliados de la Subdirectiva Única de Oleoductos

Apreciados compañeros y compañeras,

Desde que llegué a la dirección del sindicato he sido elegido con el apoyo de compañeros de esa subdirectiva. Tengo afecto por muchos compañeros a lo largo y ancho del país a los que hemos ayudado a solucionar problemas de estabilidad, educación, salud o vivienda. Hemos podido llevar nuestras ideas a la dirección de esa subdirectiva, hoy somos minoría, pero siempre hemos respetado las reglas de la democracia sindical. Y en esas reglas deberíamos estar todos de acuerdo.

En la última negociación colectiva con Ecopetrol abordamos varios de sus reclamos y los solucionamos. En esa subdirectiva hacen presencia trabajadores de Sepecol y Serviport, empresas con las que en años recientes firmamos convenios colectivos para proteger los derechos humanos laborales de los compañeros y compañeras tercerizados, en especial, la estabilidad laboral. He participado activamente de todas las protestas, paros y jornadas que hemos adelantado en la VIT, incluyendo la que quería impedir el traslado de los técnicos de mantenimiento, que al final se materializó, incluso, con la anuencia de varios de esos compañeros.

Comprendo la incertidumbre que existe en la VIT desde el nacimiento de CENIT, en el año 2012. En esa fecha todavía no era dirigente nacional del sindicato. Desde ese entonces y hasta ahora, encontramos que ni una sola acción jurídica se hizo contra la creación de la filial ni contra quienes la promovieron desde Ecopetrol y el gobierno. Tampoco se adelantó una sola acción por la unidad de empresa (que solo busca la igualdad de derechos laborales, pero no su desintegración como filial). Esta dirección sindical nacional llegó a desatrasarse en este tema. Ya hicimos las denuncias y la demanda de nulidad. No hemos podido iniciar la de unidad de empresa, porque no hemos completado el material probatorio.

Además de Cenit otras filiales se crearon: Reficar, Hocol, Bicentenario, Ocensa, Ecodiesel, Bioenergy, Propilco, entre otras. En algunas no hemos podido ingresar ni a repartir un boletín a pesar de las recomendaciones que hizo la OIT en el caso 2946 que abrimos como USO. El conflicto laboral en Ecodiesel tardó más de 4 años y con un solo afiliado lo llevamos hasta la Corte Constitucional. Los invito a leer la sentencia T-248 de 2014. En Bioenergy fuimos desplazados, en Propilco despidieron a nuestros afiliados. En Ocensa y Hocol no tenemos afiliados directos y sí muchos tercerizados, a los que no hemos podido ganarles más derechos que los que la empresa ha querido darles o los que hemos logrado en las negociaciones con Masa, Omia y otras tercerizadoras. Nuestra lucha ha sido ardua y llena de obstáculos y persecución. En Bicentenario y Ocensa, compañeros que hoy censuran el acuerdo de Cenit, firmaron pequeños acuerdos en materia salarial y prestacional para trabajadores tercerizados. Los invito a leerlos.

Son muchos los logros y muchos los retos. Para superarlos es necesaria transparencia, confianza y unidad de acción, independientemente de nuestras militancias distintas. Por eso veo hoy la necesidad de escribirles a todos Ustedes para decirles con firmeza, pero con tranquilidad, que los han desinformado.  

No es cierto que un convenio colectivo con Cenit amenace la existencia de la VIT o de la propiedad pública sobre Ecopetrol y su principal filial. Mucho menos que un acuerdo convencional facilite su venta. Todo lo contrario.

El convenio colectivo recientemente firmado satisface los intereses de los trabajadores directos de CENIT que, valga decir, tienen buenas condiciones laborales desde el ingreso a la empresa. Más de 80 trabajadores de Ecopetrol se han ido voluntariamente a Cenit desde su creación. Cuatro trabajadores decidieron afiliarse a un sindicato como el nuestro en un país donde es difícil organizarse, y con ellos habilitamos una mesa durante 40 días que arrojó un acuerdo, que, por demás, también alcanzó derechos para trabajadores tercerizados que, hasta la firma de ese acuerdo, no existían.

Los trabajadores tercerizados no tenían canales de escucha en Cenit, no tenían auxilios funerarios, ni pólizas de vida y el tiempo en que consumían sus alimentos se les descontaba de su jornada de trabajo. Hace poco un compañero tercerizado murió en un fatal accidente y nos tocó hacer una “vaca” para sus gastos funerarios. Quedaron otros compromisos que esperamos materializar a corto plazo. Avanzamos y aunque falta un largo camino, logramos, a través del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, redistribuir utilidades de la empresa entre los trabajadores.  

Nuestra convicción y nuestra lucha histórica para que se mantenga la propiedad pública de Ecopetrol y de Cenit no se ha mermado un milímetro y la estamos dando. Participamos de la iniciativa legislativa que blinda a Ecopetrol y sus filiales, emprendimos acciones judiciales, convocamos foros y seminarios para llamar aliados a nuestra lucha política y será nuestra principal bandera el 21 de noviembre. Es lamentable que haya compañeros que alzan la voz en defensa de lo público, pero nunca asisten a movilizaciones o a los eventos y reuniones que la USO convoca para avanzar en esta lucha. Desde hace rato había convocamos un evento para hoy 14 de noviembre y el mismo día la subdirectiva de oleoductos organiza una asamblea de delegados paralela ¿A qué juegan?

La firma de la convención no cambia en nada nuestra lucha por defender a Cenit y a Ecopetrol. No he leído ni escuchado un solo argumento razonable que sostenga lo contrario. Existe un libreto que muchos repiten sin sentido. La convención en Cenit tampoco cambia nuestra lucha para mantener el modelo de operación que hay en el segmento de transporte de hidrocarburos, que debe seguir siendo realizado por trabajadores de Ecopetrol a quienes les seguirá aplicando la convención USO-ECOPETROL.

La desinformación y las noticias falsas no pueden triunfar ni ser método de enfrentamiento entre miembros de la USO. Los hechos son los hechos y los intereses personales y políticos no pueden enceguecernos. Debemos avanzar juntos en la lucha para la defensa de Ecopetrol y en la consecución de más derechos laborales, para todos los trabajadores, sin distingo de su condición laboral. Somos una sola clase, divididos gana el patrón siempre.

Lo que hemos logrado es tomar una porción importante de las billonarias utilidades de Cenit para los trabajadores directos y tercerizados como lo hicimos en octubre pasado con trabajadores de Ecopetrol. Y seguiremos llegando a más filiales, sindicalizando trabajadores y consiguiendo derechos, sobre todo, para los tercerizados. Unámonos en esta bella causa de hacer de la USO una organización con más afiliados.

Ante la desinformación, solo les pido que nos reunamos, que hablemos, que nos llamen, estamos para ustedes. Una de las principales reglas de la vida es no suponer, pregunten, comparen. Hay que dudar. Salgamos del dogma y debatamos en democracia. Siempre estaremos abierto a atender sus inquietudes. Recuerden que nadie tiene la verdad revelada.

Fraternalmente,

EDWIN PALMA EGEA
Presidente Junta Nacional
Unión Sindical Obrera



miércoles, 4 de septiembre de 2019

La tragedia de ser despedido “sin justa causa” en Ecopetrol.



Casi tres lustros llevo en la actividad sindical. He atendido decenas y decenas de casos de trabajadores despedidos sin justa causa por Ecopetrol. Desde compañeros con 5 años de servicio hasta otros que bordean los 30. Para unos y para otros ha sido una tragedia. Un despido en general, según estudios de la Universidad de Manchester genera un trauma grande:  "...
Imagen: revista Semana
tan grande, que estas personas no solo se sienten mal, sino que pierden la confianza en los demás. El efecto es tan nocivo que puede perdurar hasta una década, sin importar el empleo que hayan conseguido después.
[1]

Empezando que cuando te despiden sin justa causa, te vas con algo peor que el mismo despido: la incertidumbre. No te deja dormir el saber qué hay detrás de tu echada. Porque en Ecopetrol siempre hay una causa detrás de un despido “sin justa causa”. Empiezas a revisar tus evaluaciones, tus compañeros de trabajo, hasta los chistes que hiciste en reuniones sociales. Todo te da vueltas y no sabes ni por qué te despidieron. Nadie, nunca, te dará una explicación.

Lo segundo es que quedas literalmente en la calle y con pocos recursos. Ni en nuestra convención colectiva de trabajo, ni en el reglamento, ni en el pacto colectivo (Acuerdo 01) existen tablas de indemnización superiores a la ley. Te vas con la liquidación que permite la última reforma laboral uribista: la ley 789 de 2002. Una indemnización literalmente miserable.

Aquí, quisiera contarles a los que no lo saben, que antes de 2003, no podíamos ser despedidos sin justa causa. Una gran conquista sindical que nos arrebató el gobierno de Uribe y su presidente de Ecopetrol Isaac Yanovich. Sin esa garantía, somos personas vulnerables y estamos absolutamente expuestas al capricho de nuestros superiores, por algo muy sencillo: hasta ahora nadie ha pagado de su bolsillo ni las indemnizaciones, ni las condenas.

Quienes te despiden se esconden. No son los que entregan la carta ni les interesa cómo es el procedimiento, ni cómo se hace. A ellos no les importa la tragedia que eso genera en tu familia y circulo social. Debes cambiar los hijos de escuela o universidad, vender la casa y mudarte. Tu vida cambia por completo. Tus veteranos padres no entienden que deben abandonar sus tratamientos médicos y buscar una EPS porque en una prepagada seguramente no los reciben. Las entidades financieras te llaman a apretarte por tus deudas. Los créditos especiales ahora se cobran con interés bancario. Hace poco planteamos que si a uno lo despedían al menos lo liberaran de los préstamos que hace Ecopetrol, eso es posible, pero nos falta fuerza y a la empresa voluntad.

Y viene otro lio: conseguir otro trabajo. A veces es mejor que te despidan por algo porque ya sabes que cometiste un error y lo pagaste. Pero la empresa que te piensa contratar siempre tendrá el fantasma de un “despido sin justa causa” y la gran pregunta: “¿Por qué despedirían a este o esta?”. Y si te despiden siendo madre cabeza de familia, o mujer en estado de fertilidad, o mayor de 50 años, la tragedia es peor. Nadie te da trabajo. Y si estás sobrecalificado debes bajar la hoja da vida y esconder tu experiencia y estudios porque también es motivo de discriminación. Quedamos literalmente jodidos.

Los únicos que siempre aparecen en esos momentos duros son los dirigentes sindicales. También algunos abogados buscando pleitos, pero las asesorías sinceras, con empatía y gratuitas, siempre las dan los dirigentes sindicales de la USO. Inmediatamente se evalúa si procede el reintegro, si hay fueros legales o constitucionales y cómo se adelanta el pleito. Hemos ganado muchos en los tribunales. Estamos buscando fórmulas para que Ecopetrol sea condenada a pagar una indemnización plena de perjuicios y luego cobrársela a quien firma el despido. Algún día llegará ese momento y más de uno lo pensará muy bien antes de volverlo a hacer. Hoy despedir es como un juego.

También lucharemos para que podamos recuperar la cláusula de estabilidad que nos arrebataron en tiempos de debilidad o que superemos las tablas de ley en materia de indemnizaciones. Necesitamos ser mayoría y tener la capacidad de votar una huelga. Por eso insistimos en la afiliación masiva, en ser mayorías, en ser la mitad más uno.

En 2015 cuando de un sopetón despidieron a 90 compañeros, la mayoría no sindicalizados, y aun así les ayudamos, pensamos que la afiliación a la USO llovería, pero no fue así. La percepción de la gente es que nunca les va a pasar esto, hasta que llega tu jefe, dos abogados y te arrinconan en tu cubículo y no te dejan sacar ni tus pertenencias porque te las envían a tu casa a través seguridad física. Hasta que no vives una humillación de esas es que no crees que la empresa a la que has dado todo, te puede hacer eso.

Ecopetrol despide sin piedad. Sin importar si te quedabas 18 horas en la oficina. Sin importar si no acompañabas a tu familia en una fecha especial por ayudar a la producción. Aquí no importa nada. Aquí solo importan los barriles, que, por esta tragedia, dejaron de ser limpios desde hace rato.

¿Saben por qué la empresa no ha publicado los resultados del clima laboral en los últimos años? Porque el “Talento Humano” se volvió des- humano. Porque en mi opinión se rajaron.

Aquí solo nos queda sindicalizarnos. Apoyarnos entre todos. Ser más humanos nosotros, estrechar lazos de solidaridad y luchar pronto por estabilidad laboral. Ese cuento de que la “estabilidad laboral se la da uno mismo” es carreta. Aquí un jefe se levanta con ganas de despedir a un trabajador y lo puede hacer. Sencillo. Sin pedirle permiso a nadie.
Reflexionen. Ojalá cuándo lo hagan, no sea demasiado tarde, como lo escucho, con arrepentimiento, en cada uno de los relatos de quienes atiendo cotidianamente.

domingo, 7 de julio de 2019

La ley 1563 de 2012 no aplica al arbitramento laboral.


Con la expedición de la Ley 1563 de 2012 se pusieron en duda la vigencia de las normas del código procesal laboral sobre arbitramento en materia del trabajo, tanto obligatorio como voluntario. Al respecto comparto con Ustedes algunas precisiones que dejan evidentemente claro que dicha ley no es aplicable al arbitramento laboral y que la competencia de los tribunales para desatar los recursos de anulación es amplia e integral.

En virtud del artículo 142 del código procesal del trabajo señala que:

“Recibido el expediente en el Tribunal y efectuado el reparto, el Magistrado sustanciador presentará proyecto de sentencia dentro de diez días y el Tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes. Si el laudo se ajustare a los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria y no afectare derechos o facultades reconocidos por la Constitución, o por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de las partes, el Tribunal lo homologará. En caso contrario, lo anulará y dictará la providencia que lo reemplace. Contra estas decisiones del Tribunal Seccional no habrá recurso alguno.(Destacado al copiar).

Adicional a lo anterior, es necesario recordar que conforme a lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia Expediente AL2314-2014, Radicación 62867 de 12 de marzo de 2014, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo la ley 1563 de 2012 no modificó las normas relativas al arbitramento laboral. Sobre el particular la máxima corporación judicial de lo laboral señaló que:

“Pues bien, el Congreso de la República, el pasado 12 de Julio de 2012 y con vigencia a partir del 12 de octubre de la misma anualidad, expidió la Ley 1563 «por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional», la que, en su artículo 118, derogó en forma expresa el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, referente básico de la providencia mencionada, lo cual obliga a revisar el criterio expresado.

Al respecto, debe comenzar la Sala por precisar que, la Ley 1563 de 2012 no tuvo la intención de regular el arbitraje laboral, muestra de ello es que su articulado no de señas de reformas al arbitraje obligatorio o voluntario, como tampoco diga nada sobre la composición e integración de los tribunales de arbitramento en asuntos del trabajo, el procedimiento arbitral, las facultades del tribunal y su ámbito de competencia, los efectos jurídicos y la vigencia de los fallos arbitrales, entre otros aspectos de vital importancia para el Derecho Colectivo del Trabajo.

Lo anterior nos lleva a concluir que las normas sobre arbitramento laboral contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social mantienen su plena vigencia, al no haber sido derogadas expresa o tácitamente por la Ley 1563 de 2012, muy a pesar de que el artículo 119 de la referida ley señale que regula íntegramente la materia de arbitraje (Destacado por mi)

Como si lo anterior no fuera suficiente, ya, tanto la Sala Laboral como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, se pronunciaron sobre la inaplicación de la ley 1563 de 2012 al arbitramento laboral en el siguiente sentido:

El tribunal, para la resolución del recurso, debe fallar en derecho y constatar que el laudo no hubiere afectado los “derechos o facultades reconocidos por la Constitución, o por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de las partes” pues en caso afirmativo, “lo anulará y dictará la providencia que lo remplace” …. Para la Corte no es requisito indispensable para interponer el recurso… citar alguna de las causales contenidas en la ley 1563 de 2012, porque las disposiciones normativas aplicables son las contenidas en el estatuto procesal laboral, que no establecen causales taxativas de anulación, ya que en esta clase de conflictos laborales lo que debe hacer el respectivo Tribunal es un juicio jurídico y establecer si el laudo arbitral fue proferido con fundamento en una norma preexistente...“[1]


[1] STL14144-2018 MP: LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS. Confirmado por la sentencia STP462-2019

miércoles, 29 de mayo de 2019

Intervenciones del suscrito Presidente del sindicato en el descargo del compañero Ariel Corzo

Intervenciones del suscrito Presidente del sindicato en el descargo del compañero Ariel Corzo

Introducción

Sea lo primero advertir que Ecopetrol aquí no tiene forma de cumplir el fallo de tutela que ha ordenado respetar los principios mínimos del debido proceso y quiero referirme en particular a dos: el de imparcialidad y el de doble instancia.

Quisiera preguntar a Ecopetrol en esta instancia ¿Cómo va a garantizar el cumplimiento de la sentencia sin incurrir en desacato y fraude a resolución judicial?

En efecto, el fallo ordena “ajustar” el trámite sin que Ecopetrol hasta ahora haya puesto de presente cuál es el procedimiento le va a aplicar al compañero Ariel en este instante. Por ejemplo, si decidimos recurrir una negativa probatoria, ¿Cuál será la segunda instancia que nos va a garantizar el principio de doble instancia?

¿Cómo Ecopetrol va a garantizar el principio de imparcialidad? Ecopetrol aquí ha diseñado las normas, las ha aplicado a su antojo y oficiará como juzgador y ejecutor. En política, quien concentra todos los poderes es un dictador, ¿Cómo puede llamarse esto aquí entonces? ¿Acaso esta no es una empresa que se predica democrática? Quedan serias dudas sobre su carácter aun cuando insiste en un proceso que evidentemente es arbitrario.

Por demás, todos los términos están vencidos como se explicará. Ecopetrol fue notificado un 9 de mayo de 2019 por lo que debió aplicar el llamado a descargos en los dos días hábiles siguientes, cosa que no hizo por lo que puede entenderse que habría tolerado esta conducta que por demás se investiga en control disciplinario interno, el único lugar donde puede garantizarse lo que ha ordenado el juez de tutela.

Si aún Ecopetrol considera que está en los términos judiciales cumpliendo lo ordenado por una decisión constitucional, los hechos que se reprochan están del todo vencidos. No hay orden judicial que haya dicho que se reviven los términos convencionales. Esta es una conducta, que aún probada ya lleva más de 8 meses de haberse cometido, no hay ninguna consideración para que hoy sea censurada.

El recurso de aclaración o complementación deprecado por la empresa, fracasó. Es decir, la sentencia que protege los derechos fundamentales de mi camarada y amigo ha quedado en firme sin que pueda Ecopetrol seguir esquilmando la Constitución y la ley.

No hay explicación diferente a la persecución sindical y el acoso laboral para que estemos aquí sentados por cuarta vez. ¿A qué juega Ecopetrol? ¿Aplica el derecho laboral colectivo del enemigo?  ¿Quiere eliminar al contrario? ¿Al que simplemente no consiente sus decisiones empresariales? ¿Con eso quieren darnos una lección de democracia?
Sea la oportunidad para insistir en que Ecopetrol corrija este rumbo antisindical. Este no es el camino democrático que uno espera de una administración de la primera empresa del país. Mañana podremos tomar el control de esta compañía y prometemos no comportarnos igual que Ustedes, porque nos inspiran profundos sentimientos democráticos, los mismos que hoy reclamamos.

Esperamos respuestas concretas en estos momentos. ¿Cuál es el procedimiento que aplicará Ecopetrol al asunto que ahora ocupa nuestra atención? Recordando que el procedimiento debe ser previo. ¿Cómo cumplirá Ecopetrol la sentencia de tutela sin incurrir en fraude a resolución judicial? ¿Cómo garantizará el principio de imparcialidad y de doble instancia? ¿Respetará el principio de la no reforma en peor? Si Ustedes deciden seguir con este procedimiento de todas luces arbitrario sería bueno que respondieran estos interrogantes preliminares._

Intervención de cierre

Es evidente que aquí estamos ante una vía de hecho. Es una medida abiertamente discriminatoria porque el único dirigente sindical aquí sentado por esta conducta, es el que precisamente no la cometió. Acá se acaban de crear una segunda instancia, la sacaron del sombrero o debajo de la manga. Niegan el recurso de alzada diciendo que se resuelve cuando ya la decisión final esté tomada lo que deja en evidencia que la decisión es adversa y viola el principio de imparcialidad también protegido. No se garantiza la controversia probatoria, claro la empresa como va a tomar una decisión arbitraria seguramente lo que está en el expediente es suficiente, pero niega al compañero el ejercicio de defensa que vale la pena recordar fue también tutelado. Esa segunda instancia no está prevista en ningún reglamento ni siquiera está en el manual de control administrativo de Ecopetrol, por lo que cualquier decisión que tome ese funcionario es contraria a la ley y raya en el prevaricato en razón a que no está en su manual de funcional. ¿Cómo se garantiza el principio de imparcialidad aquí cuando la Ing. Mónica debería declararse impedida por estar siendo investigada administrativa y penalmente por quejas elevadas en su contra por el aquí encartado? Eso no es ético ni íntegro. Todo está por fuera de términos, sobre eso ya hemos profundizado.

¿Qué le pasa a Ecopetrol? ¿Cuál es el mínimo respeto por las reglas democráticas y por la legalidad? Ecopetrol dice odiar y reprochar las vías de hecho y sin embargo las practica como en esta ocasión. Aquí no se ha logrado probar la participación del compañero en la conducta censurada, aquí no se ha derruido la presunción de inocencia. Este es un capricho de funcionarios de Ecopetrol que no dan la cara, que no vienen a firmar estas arbitrariedades que únicamente buscan la eliminación del contrario. Estar aquí sentados por cuarta vez en menos de seis meses demuestra el animo de Ecopetrol de actuar contrario a derecho. Una empresa que cínicamente muestra en el concierto internacional ser respetuosa de los derechos humanos y tiene impuesto un código de ética que tiene la verdad como valor supremo, no puede ni debe actuar así. La verdad ante la que aquí estamos es que el compañero Ariel no es de su agrado personal ni político y hay una intención de sacarlo del juego. Eso no es democrático, eso es propio de una administración totalitaria, sorda ante los argumentos e irrespetuosa ante la ley. Este debate si Ustedes deciden llevarlo ante la Justicia Laboral lo van a perder con grandes consecuencias políticas y jurídicas, pero si allí lo perdemos no van a resistirlo ni ante el Comité de Libertad Sindical ni ante la Corte Interamericana de DDHH que acaba de declarar el derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo precisamente en un caso íntimamente relacionado con la libertad de expresión y el derecho de asociación como aquí sucede .  Yo, personalmente, como presidente de este sindicato prometo que llevaré esto hasta las ultimas instancias necesarias porque considero que es contrario al derecho humano a la asociación sindical.

Por último y, no como menos importante, recuerdo que un incidente de desacato pondría al presidente de esta compañía en arresto. ¿Esto es lo que quieren sus subalternos con todo este teatro administrativo?

domingo, 26 de agosto de 2018

Ecopetrol vulnera el principio de trabajo igual, salario igual, de trabajadores no escalafonados.



Recientemente un laudo arbitral del Comité de Reclamos de Neiva, homologado por la Sala Laboral del Tribunal del Huila, ordenó a Ecopetrol igualar los salarios de dos trabajadores no escalafonados que, desempeñando trabajos iguales, en condiciones iguales, ganaban salarios diferentes.

La defensa de Ecopetrol siempre ha sido que para el personal no escalafonado, tiene una política salarial denominada “ingreso monetario”, que sin duda, trasgrede la máxima del derecho laboral “a trabajo igual, salario igual”.

Ecopetrol, basado en esa política, en la práctica, le paga a los trabajadores más nuevos, mayores salarios que a los antiguos, argumentando, que éstos tienen primas, como la de antigüedad y la quinquenal, que aquellos no tienen y por lo tanto eso debe equipararse subiéndoles el salario básico. Ecopetrol desconoce que sobre ese salario básico se calculan, por ejemplo, los recargos dominicales y otras prestaciones, lo cual agrava la situación de los trabajadores más experimentados en la empresa.

Ecopetrol no comprende que precisamente las primas de antigüedad y quinquenales tienen su fuente en la experiencia acumulada de los trabajadores y que es totalmente inequitativo y absurdo que un trabajador nuevo, gane más que uno con mayor antigüedad.

El comité de reclamos, en el fallo confirmado, consideró que eso era una discriminación injustificada y ordenó la nivelación salarial en dos casos que ya fueron debidamente confirmados por el tribunal.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia en sentencia Rad. 1219-2018 acaba de concluir lo mismo. En esta sentencia deja en firme una condena por nivelación salarial y violación del artículo 143 del código sustantivo del trabajo.

La política de Ecopetrol del ingreso monetario afecta el principio constitucional aludido. Afecta los derechos de los trabajadores más antiguos y discrimina a los trabajadores sin razón alguna. Hay que reclamar y ponerlo en conocimiento de las autoridades.



jueves, 9 de agosto de 2018

Juego de roles



En una negociación colectiva siempre hay un juego de roles. Los trabajadores a través de su organización sindical (o sus organizaciones sindicales) siempre asumen el papel más protagónico porque son los únicos con capacidad jurídica de iniciar el conflicto colectivo presentando el pliego de peticiones. Y son los únicos que pueden ejercer el derecho de huelga.

El empleador, recibe el pliego, analiza la posibilidad de eludir o evadir conversaciones y someterse a una querella por negativa a negociar mientras arrincona al sindicato cuando son pocos los afiliados. También inmediatamente puede demandar las afiliaciones de los trabajadores, algo a lo que absurdamente la justicia laboral le viene dando juego, dejando el convenio 87 de la OIT como un saludo a la bandera.

El gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, no juega un papel activo como debería, pues el mandato del artículo 55 superior dice que: “Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Cuando hay negativa a negociar el Ministerio se demora como 2 años para resolverlo, aun cuando debería tener un procedimiento breve y sumario. En ese tiempo los sindicatos son acosados por el empleador. Existen múltiples casos para contar. Sobre eso no se dice nada.
Pero hoy en día, hay otro agente, que aunque no debería involucrarse en la negociación colectiva, juega un papel determinante, sobre todo cuando se trata de empresas o sindicatos relevantes en el país: los grandes medios de comunicación. Y juegan un papel importante, no para ponerse al lado de los más débiles, sino de los más fuertes, del que uno diría que no necesita respaldo de nadie pues lo tienen todo.

Los medios, apenas conocen el pliego, obviamente con auspicio de los empleadores, dicen que los estudian y los calculan. Sacan cifras y titulares que tienen un propósito fundamental: generar opinión pública en contra del sindicato que lo ha presentado. Es la fórmula que les han aplicado a Fecode, a los empleados públicos, a los pilotos de Avianca a los trabajadores del Banco de la República y de la ETB y ahora a los trabajadores sindicalizados de Ecopetrol.

La fórmula empieza por atacar el contenido del pliego, sin precisar, que el pliego es el conjunto de aspiraciones de los trabajadores, más no lo que al final se acuerda. Después empiezan a decir que la empresa es importante para el país, como si el sindicato o los trabajadores no lo supieran. Salen decenas de opinadores, a través de publirreportajes pagados por grandes pautas publicitarias, a satanizar el pliego. Después dicen que la empresa presta un servicio público esencial, calculan cuánto vale un día de huelga y así sucesivamente se genera un ambiente en contra del sindicato y sus aspiraciones. Y el derecho laboral del enemigo aparece. La receta es la misma. No debería sorprendernos, por el contrario, deberíamos estar preparados para ello. Siguen al pie de la letra la fórmula propuesta hace algunos años por Friedrich Hayek[1] mientras nosotros desestimamos seguir las recomendaciones del profesor Marcio Tulio[2].

Un conflicto colectivo siempre va a incomodar a terceros, pero no significa eso que deben dejar de existir. Los conflictos colectivos son importantes para la democracia y así lo debería entender todo el mundo.  Como lo dijo Mouffe, “en una organización política democrática, los conflictos y las confrontaciones, lejos de ser un signo de imperfección, indican que la democracia está viva y se encuentra habitada por el pluralismo[3].

Tenemos que comprender que los medios tienen unos intereses, así mismo los empresarios y el gobierno. Los trabajadores también los tenemos y con eso nos toca convivir. Cada quien juega un rol en el conflicto colectivo.

El sindicato no hace más que presentar un pliego de peticiones que es un conjunto de aspiraciones laborales. Y claro que las aspiraciones laborales siempre serán las de mejorar las condiciones actuales en desarrollo del principio de progresividad y prohibición de la regresividad propios de un Estado Social de Derecho como el nuestro. Y eso no le va a gustar al empresario que siempre querrá sostener el statu quo. El empresario siempre querrá que no haya negociación colectiva, que se prorrogue la convención, que se congelen los salarios. La mejor versión del sindicato para un empresario colombiano es el que no existe.
Entre más grande la empresa y más ingresos operacionales tiene, es apenas lógico que sus trabajadores piden más, al fin y al cabo son los trabajadores los que generan esa plusvalía. Lo que busca la negociación colectiva, de origen constitucional y legal, es generar un equilibrio entre capital y trabajo, una contradicción que siempre va a existir, por los siglos de los siglos. Como lo dice la misma legislación laboral colombiana en su artículo 1[4]: “la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. Aquí no hay nada de extraño.

La evidencia empírica demuestra que no hay procesos de insolvencia empresarial sustentados en la existencia de una convención o de un sindicato, máxime, cuando, por el contrario, sí existe registro de que varios sindicatos han hecho acuerdos de condiciones laborales especiales para salvar las empresas y conservar las fuentes de empleo.

En un país tan desigual como esta cualquier aspiración por encima del salario mínimo parece escandalosa mientras la corrupción se lleva el dinero de nuestro país y nos cargan más impuestos a los trabajadores para llenar los huecos fiscales.

La USO le ha servido al país desde su creación. Favorece a muchas regiones que han tenido atención de Ecopetrol y de las petroleras multinacionales gracias a sus luchas. La USO ha innovado en los contenidos de negociación colectiva, no solo incluye los gremiales, que aunque son importantes, ha dado relevancia a lo político, a lo social. No nos van a intimidar con titulares de prensa exagerados y absurdos. Ya sabemos su propósito.

La USO tiene un recorrido histórico que pesa y ha ganado de su lucha internacional el reconocimiento del derecho de huelga que puso de nuevo en la empresa a 248 despedidos ilegalmente en el 2004[5].

Vamos a defender la empresa del apetito voraz del capital privado y del gobierno neoliberal de turno. Vamos a exigir responsabilidad social empresarial en esas regiones en el olvido y vamos a mejorar progresivamente las condiciones laborales de los más explotados. Eso no nos debe dar pena, ni nos debe avergonzar. Lo vamos a hacer con orgullo y con la frente en alto mientras que los altos directivos de la empresa buscan con nuestro pliego, tapar los escándalos de corrupción y de derroche más grandes del país.



[1]Sindicatos ¿Para qué?”. 2009
[3] MOUFEE, C., La paradoja democrática, Gedisa, Barcelona, 2000. Pág. 50
[4] Considerada por el profesor Marcel Silva como una “derrota al sindicalismo en SILVA Romero, Marcel: “Flujos y reflujos: reseña histórica de la autonomía del sindicalismo colombiano”. Universidad Nacional de Colombia. 1998. Bogotá, Colombia.